Escribe: Omar Cavero – Militante del Movimiento Socialista Emancipación 

En la mañana del 31 de diciembre del 2018, mientras la mayoría de peruanos nos preparábamos la celebración de año nuevo, el gobierno de Martín Vizcarra promulgó el Decreto Supremo 345-2018-EF, que aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP).  

Esta política, hecha con participación directa de la CONFIEP (pues forman parte del Consejo Nacional de Productividad y Formalización), prepara las condiciones para una variedad de cambios legales que profundizarán el modelo neoliberal en el Perú.

Sin exagerar ni un poco en el uso de los términos, podríamos decir que esta política, firmada por Vizcarra y todos sus ministros, cuenta con lineamientos bastante específicos para asegurar la profundización del saqueo de nuestros recursos y la sobre-explotación de nuestra gente en los próximos años.

¿De qué trata esta norma? ¿Quiénes se benefician con ella? ¿Por qué debemos oponernos y luchar por su derogatoria?

Este artículo da algunos aportes en esa dirección, con énfasis en el ámbito laboral y en la argumentación económica, y con la intención de decir las cosas de forma simple, sin mayores tecnicismos, para que todos podemos comprender lo perjudicial de esta política.

¿Los empresarios están preocupados por los trabajadores sin derechos?

La PNCP plantea cuatro pilares para elevar la productividad y la competitividad. Estos son: infraestructura, educación, innovación y eficiencia de mercados. En el cuarto pilar, como es previsible en la visión neoliberal, se incluyen seis de los nueve objetivos priorizados. Uno de ellos se enfoca en el “mercado laboral”.

Antes de comenzar a describir el mercado laboral, la PNCP adelanta que hay dos canales por los cuales el mercado de trabajo repercute en la productividad. Uno de ellos es mediante su "dinamismo" (la forma en que dicen “flexibilidad” sin querer usar la palabra).

Si el mercado es dinámico, los recursos humanos pueden ir a los sectores más productivos y los agentes económicos (las empresas, básicamente) pueden responder a eventos diversos. Para que sea dinámico, debe tener un “marco regulatorio adecuado” (p. 51). El segundo canal es la articulación del capital humano con las necesidades empresariales.

El primer canal es en el que se enfoca, en adelante, el capítulo laboral de la PNCP. El razonamiento de mercado, como es sabido, lleva a ver a los derechos laborales como “costos de transacción”, pues estos imponen criterios no económicos a la relación laboral. Así, el “marco adecuado” para un mercado dinámico (flexible) sería que los empresarios pongan las condiciones que deseen bajo la ficción de la igualdad contractual entre empresario y trabajador.

Lo consecuente es que, por tanto, los empresarios quieran que los trabajadores no tengan ningún derecho laboral. No debería extrañarnos. Esa intención está, digamos, en su ADN. Sin embargo, en la PNCP han sido cuidadosos y han buscado, con esfuerzo, apelar solemnemente a la igualdad y la justicia para -supuestamente en beneficio de los desfavorecidos- quitar derechos laborales a los que todavía tienen algunos. Dicen lo siguiente:

“Cuando los mercados laborales exhiben una dualidad marcada por la presencia de un número reducido de trabajadores que disfrutan de protección y beneficios laborales, y una mayoría que no, la productividad se ve perjudicada por la desmotivación de la fuerza laboral y la reducción de la inversión de las empresas” (p. 51).

¿Qué es esa llamada “dualidad”? A lo que se refieren es a que hay trabajadores que sí cuentan con “protección y beneficios laborales” y a otros que no. ¿Aquello es un problema? Por supuesto. El asunto es cómo es construido el problema. Lo que realiza la PNCP, citando a un racimo de técnicos neoliberales muy conocidos, es un ejercicio sorprendente. Veamos.

La mentira de la rigidez, la gran excusa para acabar con la estabilidad laboral

Una de las ideas en la que la PNCP pone mayor énfasis, es la siguiente: el mercado laboral no es suficientemente dinámico y aquello perjudica a los trabajadores.

Comienzan diciendo que en el Perú, desde los años de 1990, han aumentado de forma abrupta los contratos a plazo fijo; es decir, aquellos contratos de seis, tres o hasta un mes. Hoy 7 de cada 10 trabajadores asalariados del sector privado, pueden ser echados del trabajo si el empleador decide no renovar sus contratos.

Hasta acá, muy bien. El dato es correcto y los empresarios detrás de este documento, se muestran preocupados. Pero recordemos que la extensión de la contratación temporal fue parte de las medidas promovidas, precisamente, por los grandes empresarios y sus ideólogos, para hacer “flexible” el mercado de trabajo.

Así logran el despido a costo cero y, por supuesto, cuentan con un mecanismo eficiente para tener bajo amenaza al trabajador: si se queja, lo botan, si no trabaja más horas, lo botan, si no va los siete días de la semana a trabajar, lo botan, si se quiere organizar, lo botan. Seamos más precisos: “no le renuevan”.

Pero cuando podríamos esperar que los autores hagan algo así como un "mea culpa" o que se preocupen por poner freno a la desnaturalización de los contratos temporales, viene lo sorprendente: ¡le echan la culpa de ese fenómeno a la “rigidez” que existe para despedir a los trabajadores estables!

Dicho de otro modo, los que no fueron tumbados por las reformas de los años noventa y los dos mil, serían el problema. Los sobrevivientes de esas reformas son, para los empresarios detrás de la PNCP, los culpables de la inestabilidad de los otros.

En particular, llaman la atención sobre lo costoso de la indemnización por despido arbitrario y sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que señala que el trabajador despedido arbitrariamente no solo debe ser indemnizado, sino que, si lo demanda, debe también ser repuesto.

En el momento actual, si el empresario quiere botar a un trabajador a plazo indeterminado (la minoría de trabajadores) porque se le antoja, este trabajador tiene, todavía, algunos derechos para protegerse. Por tenerlos, la PNCP dice que el mercado es “rígido”. Pero no solo eso. Dicen que, por ser rígido, los empresarios no tienen incentivos para contratar a plazo indefinido y, por ello, se ven "obligados" a contratar a plazo fijo, perjudicando a los sectores más vulnerables de los trabajadores: los jóvenes y las mujeres.

Por todo ello, proclaman, citando a autores con prestigiosos doctorados a cuestas y brillantes publicaciones en revistas internacionales, que habría que acabar con la estabilidad laboral para que haya más estabilidad laboral. ¡Brillante! 

La contradicción, por supuesto, es escandalosa. Pero no se quedan ahí. Sin conexión directa con lo anterior (la supuesta dualidad entre trabajadores con derechos y sin derechos, que ya vimos que quisieran resolver dejando a todos sin derechos), aprovechan para agregar un punto más. Llaman la atención sobre la “rigidez” para despedir de forma colectiva. Dicho de forma coloquial, quieren “despedir en mancha”, pero encuentran trabas.

A los empresarios les escandaliza no poder llevar a cabo ceses colectivos sin mayor regulación. Les incomoda que la ley les ponga el límite de 10% y la necesidad de argumentar razones objetivas. 

Los límites que pone la ley, por cierto, busca evitar que se despidan en masa a trabajadores “incómodos” o que un grupo grande de trabajadores quede, de pronto, en la calle. Pero los fundamentalistas del mercado libre repiten la idea de que ese impedimento frena la productividad y la generación de empleo. 

Nuevamente, los trabajadores más vulnerables serían los más desfavorecidos y, “prensando en ellos” debería acabarse, de forma prácticamente total, con la estabilidad laboral. Pero ojo, no nos confundamos, ¡lo hacen “pensando en los más vulnerables”! Parece que los empresarios tienen un corazón tan grande como su hambre de ganancia y de trabajo barato.

¿Costos laborales altos? ¿Lucha contra la informalidad? Mentiras y mañas ya conocidas

La política no se queda solo en la rigidez laboral relacionada a los costos de despido arbitrario, sino que también pone la mirada en los llamados “costos no salariales”; es decir, en lo que se le paga al trabajador en materia de seguro de salud, gratificación, vacaciones, etc. (Por cierto, no extraña que todo ello sea un “costo” para el empresario y que, naturalmente, quiera minimizarlo, pero atendamos al argumento que dan para reducirlo).

En este caso, su interés es luchar contra la informalidad. Es conocido cómo, en los medios de comunicación y en sus publicaciones, enfilan toda su retórica contra el abuso que sufren los trabajadores informales, aquellos que no cuentan con ningún derecho y se encuentran a disposición del empleador en condiciones casi de esclavitud.

La informalidad sería algo así como “el enemigo principal”. ¿Cómo combatirlo? Aquí está el tema central. Ellos plantean que la informalidad es un problema de costos, que ser formal es muy caro y, por tanto, se suele preferir la informalidad. De ello se desprende que, para combatirla, hay que hacer que sea más barato ser formal. Suena coherente. ¿Tienen razón?

Toda la evidencia reciente muestra que la flexibilización del mercado laboral y la creación de regímenes especiales para micro y pequeñas empresas, ha tenido impactos muy bajos en la reducción de la informalidad. Incluso, la PNCP muestra esos datos y resalta que hoy más de dos tercios de los trabajadores son informales. Sin embargo, insiste en la misma fórmula: hay que abaratar la formalidad.

Entonces, sigilosamente, ponen la mira en el régimen laboral general (no el de las empresas micro y pequeñas), régimen que predomina en la gran empresa, y exclaman que los costos no salariales son de los más altos de la región: 59.7% adicional a la remuneración (100%); es decir, 100 soles de salario y 59.7 soles más de “beneficios”. En Chile, señalan, sería de 15.8%, en Colombia de 30.4% y en México de 21.1%. Concluyen que, mientras sean altos estos costos, nuestra economía será poco competitiva, pues la gente más capaz y productiva se mantendrá en la informalidad.

A ver, analicemos. La mentira es gigantesca, aunque se oculta bajo un follaje de tecnicismos. En primer lugar, lo que no dicen estos datos es que el Perú tiene una de las remuneraciones mínimas más bajas de toda América Latina. La RMV peruana equivale a 280 dólares y solo cubre el 56% de la canasta básica. En Chile, esta remuneración es de 413 dólares y cubre el 181.87% ; es decir, casi duplica la canasta básica. En México, cubre el 80.6%. Bolivia, agreguemos, siendo una economía más pequeña, da un salario mínimo de 300 dólares y cubre 154% de la canasta básica. El Perú es uno de los países con trabajadores peor pagados.(Ver fuente aquí).

En segundo lugar, recordemos que la raíz de la informalidad no es el costo de la formalidad, sino que su causa fundamental está en la estructura económica y en el modelo de desarrollo. En el Perú, los grandes capitales están interesados solo en los sectores económicos más productivos, que son intensivos en capital y no en mano de obra. En palabras sencillas, los puestos de trabajo en empresas medianas o grandes (más de 100 trabajadores) representan solo el 18.7% (ENAHO, 2015) de las ocupaciones.

Es como si tuviéramos 20 sillas para 100 personas. Ese hecho estructural no cambia si el trabajador corre más rápido, se capacita más o baja de peso (de precio), para intentar sentarse. Igual habrá otros 80 de pie; es decir, personas que tendrán que inventarse su trabajo en condiciones precarias. El autoempleo y las microempresas son la cara de la informalidad y están en los sectores menos productivos, precisamente, por esa razón: ahí no van las inversiones ni tienen interés de ir. 

De hecho, este problema tampoco se resuelve con educación: el aumento de la oferta educativa superior solo ha repercutido en aumentar el subempleo profesional: 4 de cada 10 profesionales no ejerce su profesión. Hasta Yamada y compañía han medido eso.

El chivo expiatorio de la reducción de derechos laborales es la informalidad. Se exclama que hay que acabar con ella, que debemos pensar en lograr trabajo digno. No obstante, para lograrlo, como vemos, se repiten fórmulas que solo han hecho más precaria la formalidad. Los empresarios detrás de esta política son como un profesor “palomilla” que cree que sus alumnos habrán mejorado, que habrá más aprobados, si en vez de aprobarlos con nota 11 lo hace con nota 05.

¿Y la fiscalización laboral? “Es importante, pero no se metan conmigo”

Siguiendo con la analogía escolar del punto anterior, en materia de fiscalización laboral, los empresarios detrás de esta política son como esos niños que hacen travesuras y cuando van a ser reprendidos exclaman: ¡pero castiguen a mi otro compañero, que es peor que yo! Basta con ver las referencias a la labor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), encargada de fiscalizar a las empresas en materia laboral, para notarlo.

Primero, presentan un panorama en el que las inspecciones habrían aumentado a un ritmo sin precedentes en los últimos años. Por supuesto, no dicen que se cuenta con muy pocos inspectores laborales a nivel nacional, que hay regiones en las que no hay inspectores y que la informalidad laboral en la gran empresa formal asciende a cerca del veinte por ciento. Para ellos, “estaríamos frente a un Estado muy fiscalizador”.

En segundo lugar, señalan, armados de cordura y buen juicio, que, aunque el alcance de la SUNAFIL es todavía limitado, debe “orientarse a los actores relevantes”, debe “orientarse a los segmentos de mayor informalidad”. En otros términos: se debería dejar de apuntar a las empresas formales y, más bien, fiscalizar a las informales. Bueno fuera que acompañaran esa preocupación con un llamado a dar más presupuesto y facultades a la SUNAFIL, pero no dicen nada al respecto, como es previsible.

Finalmente, señalan, sin argumentarlo y sin desarrollarlo, que la fiscalización laboral debe caracterizarse por una “adecuada gestión de riesgos, unida a la planificación en los procesos de inspección”, de modo que las “empresas compitan en igualdad de condiciones” (p. 58). ¿Qué significa eso?

Ojo que no es trivial, pues aparece en los indicadores de cumplimiento de los lineamientos. Es curioso que no lo expliquen. Sin embargo, no hay que tener mucha imaginación para interpretar estos eufemismos: se busca que la fiscalización sea coordinada con las empresas y tenga los menores efectos posibles en ellas.

Para entender esto pensemos en lo siguiente: es como si los delincuentes pidieran a la Policía planificar las batidas para "gestionar mejor los riesgos" de que los atrapen in fraganti, e incluso que le dijeran a los efectivos: “¿qué haces patrullando esta cuadra?, ¡anda al Vraem, pues ahí sí están los más peligrosos!”.

La agenda oculta: liquidar a los sindicatos y aumentar la apropiación fácil de riqueza

La PNCP es, como ya lo dijimos, una Política para el Saqueo y la Explotación. Es el plan de los grandes empresarios para los próximos años y no es casual que tenga el contenido que tiene ni que se empuje con tanta fuerza –la presión desde el CADE 2018 fue evidente- justo ahora.

Si los lineamientos que contiene esta política se convierten en normas específicas que alteren los regímenes laborales y “adecúen” el marco regulatorio a la “eficiencia” del mercado laboral, tendremos dos resultados inmediatos: la liquidación de la mayoría de sindicatos y el aumento súbito de la ganancia por la vía del aumento de la explotación laboral.

Lograr ambas cosas sería más que conveniente para, en sus términos, “reactivar la acumulación de capital” y enfrentar la desaceleración económica sin sacrificar ni un ápice sus ganancias y sin invertir ni un sol en hacer más productiva la economía a través de mejoras tecnológicas, capacitaciones a sus trabajadores e inversiones en sectores con más capacidad de generación de empleo.

Facilitar el despido arbitrario sin reposición y desregular los ceses colectivos, sabemos bien qué significa: despido inmediato de dirigentes sindicales y afiliados. Aminorar los costos “no salariales” –y ni qué decir de rebajar el salario mínimo fuera de Lima y recortar las vacaciones, como ya lo ha sugerido el ministro de Economía- significaría tener trabajadores más baratos y, en efecto, más “productividad”, pero robándole más tiempo, energías, dinero y vida al trabajador.

Los peruanos que trabajamos, la gran mayoría, estamos bajo amenaza. La amenaza ya avanzó con una política de Estado, promulgada por Vizcarra, hecha a la medida de la CONFIEP. Toca hacerlos retroceder exigiendo la derogatoria inmediata y seguir adelante hasta lograr verdadero trabajo digno, sin explotación de ningún tipo.