La fotografía del momento es conocida. A menos de cinco meses de las elecciones generales, Keiko Fujimori, la candidata del partido del ex dictador Alberto Fujimori, reúne a más de un tercio de la intención de voto nacional y tiene consigo al electorado más estable en sus preferencias. Pedro Pablo Kuczynski se encuentra segundo, con aproximadamente el veinte por ciento. Siguen César Acuña y Alan García, con nueve y siete por ciento, respectivamente. Los datos son de CPI (encuesta de noviembre).

En esta fotografía la izquierda no aparece con posibilidades reales de disputar el gobierno. La expectativa por una candidatura unitaria y la popularidad de algunas de las posibles figuras para encabezarla tienen lugar en un sector marginal del electorado, situado sobre todo en Lima y en los estratos socioeconómicos altos.

¿Cómo interpretar este contexto electoral? ¿Qué podemos esperar como país en el siguiente gobierno? ¿Qué debemos tener en cuenta quienes queremos cambios profundos en el Perú?

No hay un proceso de transformaciones que defender, la derecha ya está en el poder

A estas alturas puede sonar trivial, pero no debe perderse de vista que el gobierno que termina no significó, en absoluto, la gran transformación que Ollanta Humala prometió desde que entró a la palestra política, el año 2006, y que fue el mensaje central de su campaña en la primera vuelta electoral del 2011. No extraña, por ello, que la popularidad de Humala sea apenas del 14.1%.

En estas elecciones generales no está en juego un proceso de transformaciones que haya que defender. Un eventual gobierno de derecha no es una amenaza nueva. Tampoco lo es un eventual gobierno fujimorista. En sentido estricto, los intereses que las fuerzas políticas de derecha representan y las características de sus programas de gobierno, se diferencian poco de los que priman hoy en el Poder Ejecutivo.

Desde que asumió la Presidencia, Humala y el Partido Nacionalista no han planteado una ruta para el Perú distinta a la que venía recorriéndose. Muchos utilizaron el término “piloto automático” para caracterizar a la gestión, pero si bien no existía una dirección política clara ni tampoco un liderazgo reconocido –se ha tratado de una presidencia ausente, casi espectral-, ningún país es gobernado cinco años por la sola inercia. Detrás de Humala existe una configuración del poder, un conjunto de intereses sociales, visiones de la realidad, operadores políticos, operadores técnicos y arreglos institucionales que se han mantenido entre varios gobiernos y que es preciso tener presente, pues su ciclo de existencia no es electoral.

Se trata de un régimen particular, de una forma de relacionar al Estado y la sociedad que inicia, como es sabido, con Alberto Fujimori, en 1990, y que, desde entonces, se ha ido asentando como la única forma posible de organizar el país. Este régimen se caracteriza por la coexistencia y articulación de un esquema neoliberal de manejo de la política económica; una gran concentración del poder en un grupo estrecho de grandes empresarios, técnicos instalados en la burocracia pública y en redes económicas transnacionales, medios de comunicación masiva y operadores de redes de corrupción; y un manejo vertical, autoritario y represivo de la protesta social y la disidencia.

En el presente gobierno se han hecho, por supuesto, importantes obras y reformas. El aparato estatal es complejo y heterogéneo y es falso decir que un gobierno “no hace nada”, o que “hace todo mal”. Pero siempre es necesario preguntarse, más allá de la obra puntual, cuál es la orientación política de un gobierno, cuál es su lectura del país y de los problemas que hay que enfrentar, cuál es su ordenamiento de prioridades al actuar, y en ese examen el gobierno de Humala solo representa la continuidad de una forma de manejar el país orientada a la satisfacción prioritaria de los intereses del gran empresariado, con saqueo, corrupción, represión, explotación y sueldos bajos de por medio.

Lo que viene: desaceleración económica y crecimiento de la conflictividad social

El régimen descrito ha sido estable, entre otros factores, principalmente por uno: ofrece a la ciudadanía crecimiento y estabilidad económica. Luego de la severa crisis económica de la década de 1980, parecía haber por fin una economía estable y mayores posibilidades para el éxito personal y familiar. Aquel crecimiento fue especialmente claro, fue propiamente un “boom”, desde el año 2001. El clímax de esa ola lo vivió el gobierno de Alan García, cuando el producto creció en 9.8% el año 2008.

Este crecimiento ha sido, pues, la premisa material de la estabilidad del régimen. Trae consigo recursos fiscales, extensión del crédito, expectativas de inversión, etc. y, además, argumentos a favor de mantener el rumbo del Perú. Sin embargo, la desaceleración del crecimiento económico, que inicia con claridad el año 2014 (el PBI creció solo 2.35%) y que se asocia con el fin del ciclo de precios altos de los minerales, puede no solo poner en juego tales argumentos, sino generar una abierta disputa por un excedente económico cada vez más estrecho.

Si el hambre es la misma pero la torta es más pequeña, alguien se quedará sin comer o comerá menos. Si el empresariado busca mantener su porción, presionará por mayor flexibilidad ambiental, por recortar aún más los derechos laborales, por pagar menos impuestos y por una defensa más decidida de sus inversiones ante la protesta social.

Los paquetes de reformas orientadas a la reactivación económica, que tuvieron lugar durante los últimos dos años, en el gobierno actual, son expresión evidente de esto. Recordemos el debilitamiento financiero y funcional de a la OEFA (órgano encargado de la fiscalización ambiental), la Ley que buscaba implantar el Régimen Laboral Juvenil (“Ley Pulpín”, que recortaba derechos laborales a trabajadores entre 18 y 24 años), la Ley que facilitaba los despidos colectivos, entre otras.

También son expresión de lo dicho la fuerte represión que ha tenido lugar en conflictos sociales como los ocurridos recientemente en Islay (contra el proyecto minero Tía María) y en Apurímac (contra el proyecto minero Las Bambas), que dejaron cinco y cuatro muertos, respectivamente.

En este escenario, el gobierno que viene se verá presionado a implementar una agenda empresarial radicalizada, donde las presiones por sacar adelante proyectos de inversión privada, a costa de todo, principalmente en minería e hidrocarburos -que prometen elevar algunos puntos el PBI anual (piénsese en los proyectos Toromocho, Las Bambas, Quellaveco, Conga, etc.), son bastante fuertes. Es de esperar, entonces, un nivel mayor de conflictividad social y de represión. La alta percepción de inseguridad ciudadana y el pedido de un Estado con mano dura, pueden ser aprovechados en este sentido.

Una fuerza política que comulgue orgánicamente con esta agenda empresarial radical y que tenga una orientación ideológica autoritaria, será más peligrosa para los sectores de la población organizados y en resistencia. Eso es cierto. No obstante, tengamos claro que se tratará de un autoritarismo que reforzará uno ya instalado en el Estado y en la opinión predominante en los medios de comunicación. Por eso el riesgo no es que entre un gobierno con esta orientación, sino que entre uno que sea aún más radical. Los candidatos ubicados en los cuatro primeros lugares en intención de voto encarnan, sin duda, ese peligro.

La izquierda y el contexto electoral

¿Qué posibilidades existen de lograr el gobierno desde la izquierda y desmontar este régimen neoliberal, autoritario y corrupto?

Las elecciones encuentran a la izquierda peruana bastante débil. En el momento presente, las organizaciones de izquierda tienen poca presencia organizativa a nivel nacional, se encuentran divididas entre sí o con procesos de unidad bastante recientes y frágiles, su forma de pensar está fuertemente alejada de la que tienen los sectores populares, su militancia y sus dirigentes tienen poca experiencia en gestión pública y las imágenes y concepciones que existen en el imaginario colectivo les son bastante hostiles (caricaturas, temor, burlas, etc.).

Esta debilidad no es nueva y requiere una discusión aparte, pero es necesario partir de su constatación. Los problemas de fondo –precariedad organizativa, ausencia de una visión de país y un proyecto basados en una teoría y un diagnóstico originales, práctica política alejada de las luchas populares, abandono abrupto de una apuesta por un cambio revolucionario, etc.- no han sido resueltos.

A ello sumemos la propia debilidad de las fuerzas sociales que empujan por el cambio, que se expresan en un movimiento social poco articulado, con poca capacidad de presión permanente y sostenido en un tejido social aún estrecho y fragmentado.

En estas condiciones las posibilidades reales de ganar las elecciones y sostener un gobierno, son mínimas.

Si bien sí resulta necesaria la pelea en la arena electoral, sería un gran error considerar como la táctica adecuada virar hacia el centro y desarrollar una línea pragmática donde la izquierda abandone las banderas de lucha de los movimientos sociales y de los sectores que padecen más fuertemente la dominación social en el Perú, so pretexto de abarcar a más electorado. Sin estrategia clara y sin bases, la táctica del viraje hacia el centro es claudicación.

La izquierda necesita perfilarse como un proyecto auténtico, cercano a la población, así eso signifique granjearse el ataque de los medios de comunicación y perder algunas simpatías. Es preciso dejar el círculo de amigos, hablar de cara a la gente, sintonizar con el sentido común, marcar la cancha. Construir una base, una simpatía popular, un discurso de consecuencia: ese será el principal capital para trabajar en los años que vienen, que estarán marcados por la resistencia.

Las elecciones generales son una buena oportunidad para salir del aislamiento y construir una conexión sincera con las mayorías, donde la izquierda aparezca como una genuina opción de cambio. Si se tiene éxito, quizá no se alcance el gobierno, pero podrá contarse con algunas figuras congresales consecuentes, que sean aliados fundamentales en los procesos de resistencia. Pero en este proceso es fundamental tener presente que las tareas pendientes no se agotan en esta coyuntura. La izquierda solo será relevante en el país si se acerca a las mayorías y asume sus luchas diarias como propias, con valentía.

El rol de Emancipación

El rol que cumplimos en la ruta por la transformación profunda del Perú, no es partidario. Nosotros construimos pensamiento, formamos teórica y políticamente, asumimos como nuestras las luchas populares y nos entregamos en la tarea de fortalecer las organizaciones sociales desde las que resiste el pueblo trabajador.

En esa línea, nuestro aporte en una coyuntura electoral como la descrita consiste principalmente en alertar a la población, al país, sobre sus verdaderos enemigos, que no son solo tal o cual candidato, sino un conjunto de grupos de poder que han secuestrado nuestra soberanía y han mutilado nuestros derechos; y consiste, también, en construir desde las organizaciones sociales una agenda de transformación del Perú que confronte a los candidatos en contienda y fortalezca el tejido social popular, desde donde se resistirá en los años próximos y desde donde se construirá el poder necesario para avanzar hacia un cambio profundo, emancipatorio, de nuestra país.

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Se vienen años bastante duros. Todo apunta a que el próximo gobierno será aún más radical en la defensa de los intereses empresariales y habrá que ser fuertes para resistir y vencer. La forma estable en que los grandes capitales han dominado el país, comienza a presentar grietas. Aquello solo podrá ser una crisis y una oportunidad de cambio si desde los sectores que estamos del lado del pueblo trabajador, y asumimos sus luchas (de clase, étnicas, de género, políticas), tenemos claro el horizonte y nos comprometemos con tales reivindicaciones con consecuencia.